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Adecuación a las leyes de protección de documentos

La otra cara de la moneda ante el ‘Derecho al olvido‘ del Reglamento General de Protección de Datos es la normativa que afecta a amplias áreas de la privacidad de datos, seguridad, retención, protección y responsabilidad. Dentro de estas áreas, el mecanismo de equilibrio de poderes sirve para preservar la información y los datos. Los procesos investigadores verifican la integridad de la privacidad, seguridad y protección de datos mientras que las auditorias se requieren para establecer las responsabilidades.

Los requisitos legales y comerciales protegen a una compañía de investigaciones o consecuencias pero también ayudan a proteger información de pacientes o clientes. A continuación, se ofrece una lista de algunas de las leyes más comunes. No se trata de una lista completa o específica de esta industria pero sirve como ejemplo de la cantidad de normativas de datos que ya están en vigor:

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal La ley española de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) regula el tratamiento de datos personales en todas las empresas, organismos públicos y actividades profesionales.
Ley de Sarbanes-Oxley Conocido como SOX, esta ley obliga a los ejecutivos financieros de una empresa a ser los responsables últimos de los datos contenidos en sus informes financieros. Los auditores independientes efectúan controles y examinan procesos financieros para asegurar que estos informes sean exactos. Estos controles de archivos y procesos sirven para prevenir las actividades fraudulentas.
Ley de la Responsabilidad y Portabilidad de Seguro de Asistencia Sanitaria (1996) La Ley de la Responsabilidad y Portabilidad de Seguro de Asistencia Sanitaria obliga, entre otras cosas, a proteger información sobre los pacientes en materia de sanidad.
Directiva de la Unión Europea de Protección de Datos   La Directiva de la Unión Europea de Protección de Datos (EUDPD) estandariza la protección de la privacidad de datos para todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE), exigiendo unos requisitos mínimos que todos los estados miembros deben aplicar a través de la legislación nacional.
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